De diferentes maneras, Ruanda lleva décadas saqueando el Congo, apropiándose de recursos que no son suyos pero que luego se venden como si lo fueran. Pero el último capítulo empezó hace solo unos años, cuando unos cientos de milicianos del M-23 volvieron a la lucha en territorio congoleño y consiguieron grandes avances siempre apoyados por las armas y los soldados de Ruanda. Uno de los objetivos principales de los rebeldes ha sido conquistar ricas zonas mineras cuyos minerales han ido teniendo salida desde Ruanda a un mundo que no ignora la realidad.
La estrecha relación entre Ruanda y el M-23 y su apoyo constante e incondicional están suficientemente probados así como que los rebeldes son una avanzadilla del régimen de Paul Kagame y actúan con la supervisión ruandesa, cuando no siguiendo sus órdenes. Todo ello hace que los crímenes del M-23 sean igualmente crímenes de Ruanda.
Estos crímenes se pueden agrupar así.
Represión contra civiles
Si bien el M-23 no aterroriza con matanzas generalizadas a las poblaciones de lugares que ocupa, pues su función, según ellos, es "liberar" al pueblo congoleño, es despiadado con todo aquel civil que se le opone o colabora -según ellos- con sus enemigos. En este capítulo, el M-23 suma muchas denuncias de asesinatos, desde la nunca aclarada matanza de Kishishe en noviembre de 2022 a cada vez más frecuentes represalias contra presuntos colaboradores entre la población de los grupos wazalendo o de uno de sus peores enemigos, la milicia hutu ruandesa de las FDLR.
Tras la toma de la ciudad de Goma asesinaron en sus calles a entre 700 y 3.000 personas.
Se han recuperado unos 2.000 cadáveres de las calles de Goma en los últimos días y 900 se encuentran en la morgue
declaraba una representante de la ONU en los primeros días de febrero de 2025 en un contexto en que apenas se registraron combates tras la previa huida de la mayoría de los soldados congoleños. De la misma manera, en aquellos oscuros días, fue frecuente que los rebeldes entraran en los hospitales y se llevaran, sin destino conocido, a militares heridos.
Durante el pasado verano, fuentes solventes como Reuters, la ONU o prestigiosos periodistas congoleños, informaron de masacres realizadas por el M-23, como la de decenas de agricultores en el territorio de Rutshuru, acusados de colaborar con el enemigo y que sumaban varios cientos de civiles asesinados.
Tras la retirada en febrero del M-23 de la ciudad de Uvira, ribereña del lago Tanganica, que había ocupado varias semanas antes, se descubrieron cuatro fosas comunes, dos de ellas cercanas a una base que habían utilizado los rebeldes, repletas de cuerpos apilados, hasta sumar casi doscientos cadáveres.
Aunque la participación de la Fuerza de Defensa Ruandesa es más de apoyo al M-23 en retaguardia, combates, logística, etc. sí se encuentra directamente relacionada con presuntos crímenes de guerra, como el bombardeo del campo de desplazados de Mugunga, en las afueras de Goma, el 3 de mayo de 2024, en el que murieron varias decenas de personas, incluidos niños, y que el grupo de expertos sobre RDC de la ONU achacó al ejército ruandés.
Secuestros y reclutamientos forzosos
Como decíamos, en el inicio de esta nueva rebelión, se calculaba que el M-23 contaba con unos 400 milicianos. Hoy, según el grupo de expertos de la ONU, rondaría los 30.000. Si bien sus triunfos y sus sueldos, muy superiores a los del Ejército, han seducido a muchos voluntarios, la movilización forzosa ha tenido mucho que ver en ese espectacular aumento de sus fuerzas.
El pasado mes de junio la organización HRW documentó lo que las diferentes informaciones de meses y meses ya contaban: los reclutamientos masivos y forzosos del M-23 en los territorios que controlaba mediante una violencia con pocos límites. Los rebeldes comenzaron con la incorporación, presentada como voluntaria, de cientos de policías y soldados que quedaron a sus expensas tras la caída de Goma y que fueron "reeducados". Posteriormente ningún lugar se ha vuelto seguro y el objetivo principal han sido jóvenes civiles secuestrados en la calle, en reuniones en iglesias e, incluso, en asambleas convocadas por los rebeldes de las que luego no podían salir.
La formación ideológica y militar, en la que también han participado elementos de la Fuerza de Defensa Ruandesa, ha utilizado palizas, muchas veces hasta la muerte, mala alimentación, trabajos forzados y ejecuciones sumarísimas en caso de intento de fuga. En estas operaciones se han visto involucradas también mujeres y menores de doce años.
Desde entonces (la toma de Goma), el grupo armado ha llevado a cabo un reclutamiento forzoso a gran escala y otras operaciones en las zonas bajo su control, lo que ha provocado la detención de miles de soldados congoleños, miembros de milicias y un número creciente de civiles, a quienes ha sometido a tratos inhumanos y potencialmente letales
cita el informe La mort était partout. Détention arbitraire, meurtres et recrutement forcé commis par le M23 et les Forces rwandaises de défense
En su informe de junio, la organización Baromètre sécuritaire du Kivu achaca al M-23 al menos 114 asesinatos y 17 secuestros, siendo el grupo armado más letal contra la población civil.
Si ya de por sí iniciar una guerra es un crimen, que desata otros muchos contra la población civil, como crisis alimentaria, destrucción de estructura sanitaria, desplazamientos, ésta animada por Ruanda a través del M-23 ha sido especialmente dañina en cuanto a expulsar a la gente de sus hogares, poniendo a lo largo de la guerra a un millón de personas en las carreteras y caminos. Cuando los rebeldes tomaron la ciudad de Goma, ésta albergaba en sus afueras campamentos donde malvivían medio millón de personas desplazadas.
Contra toda ley y humanidad, el M-23 dio 72 horas para que esos campamentos se vaciaran "voluntariamente" y sus ocupantes volvieran a sus territorios, independientemente de si en estos había vuelto la paz, seguían en pie sus viviendas o tenían al volver algún medio para sobrevivir. Expuso a decenas de miles de personas indefensas a bandidos, desertores y hombres armados que vagaban por caminos y bosques lo que, muy especialmente, sufrieron las mujeres y niñas, siendo miles de ellas violadas por unos y otros.
La orden del M23 de expulsar por la fuerza a decenas de miles de personas desplazadas de los campos hacia zonas sin ningún apoyo es cruel y probablemente constituya un crimen de guerra
Clémentine de Montjoye, investigadora principal de Human Rights Watch (HRW)
Y todo esto, ¿para qué?
La ex rectora de la Universidad de Edimburgo, la congoleña Debora Kayembe, en una entrevista que le realizamos en diciembre pasado dejaba claro lo que el M-23 y Ruanda buscaban con esta nueva rebelión
Puedo confirmar que existe la intención de tomar el poder en Kinshasa mediante la rebelión; también existe un claro impulso hacia la balcanización de la República Democrática del Congo con miras a la creación de un estado hima/tutsi, como han indicado numerosos libros y documentos de investigadores durante más de medio siglo
pero, entre tanto, su avance buscaba preferentemente zonas mineras especialmente ricas, lo que se convertía en un medio y un fin a la vez. Un fin, dentro de la configuración de un posible Estado tutsi títere de Ruanda y un medio para financiarse y proseguir la lucha. Un fin, para Ruanda, haciéndose dueña subrogada de riquísimas minas y un medio para consolidar su poder como país importante, pese a ser muy pequeño, en la región de los Grandes Lagos.
Durante meses las conquistas del M-23 se habían limitado a la provincia de Kivu Norte pero desde hace menos también penetró en la de Kivu Sur. Tenía todo el sentido del mundo: ahora mismo la mitad de la casiterita y del coltán que se produce en esta provincia está en sus manos y dos tercios de la wolframita (tungsteno). En septiembre tomaron Nzibira, un centro neurálgico del comercio de minerales desde el que cada mes salen 40 toneladas de casiterita y wolframita.
En mayo de 2025, el M-23 ocupó la mina de Twangiza, en el territorio de Mwenga, la única mina industrial de oro de la provincia -todas las demás funcionan con mano de obra artesana- que, lógicamente, tenía un propietario, Twangiza Mining. Esta empresa calcula que desde entonces se han extraído medio tonelada de oro, con un valor de 70 millones de dólares. Los rebeldes no se han limitado a una simple labor de saqueo sino que han puesto la mina en marcha y sus instalaciones de procesamiento y han creado infraestructuras de transporte.
Con todo, la joya del M-23 son las minas de coltán, casiterita y tungsteno de Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, de esta manera un grupo armado controla el 15% de la producción mundial de tantalio y obtiene, según el grupo de expertos de la ONU, unos 800.000 dólares al mes con impuestos sobre la producción. Parte de los mineros artesanos que trabajan en esas minas, incluidos muchos menores, proceden de los secuestros y redadas del M-23 en la zona.
Los comerciantes pagan "impuestos" sobre el coltán, que incluyen 4 dólares estadounidenses por kilo para M23 y 3 dólares estadounidenses por kilo para el gobierno ruandés
relata el informe al Consejo de Seguridad de la ONU del grupo de expertos sobre la RDC.
Los beneficios para Ruanda
El coltán congoleño lleva décadas pasando de contrabando a Ruanda y saliendo de ésta como ruandés al mercado mundial, pero desde que el M-23 controla Rubaya y otras minas el recorrido es más sencillo y directo. Los diversos sistemas de trazabilidad quedan superados, en buena parte por la colaboración ruandesa con los contrabandistas a todos los niveles: desde funcionarios que nunca encuentran minerales de contrabando hasta sencillos sistemas para "nacionalizar" ruandés el mineral congoleño.
Un contrabandista de coltán explicó que, una vez que ha introducido de contrabando los minerales, simplemente puede llamar a las autoridades mineras ruandesas y ellas le traen todas las etiquetas que necesite
explica el informe de Global Witness.
Y llegamos al último eslabón de la cadena...
...que es a la vez el más ingrato, porque aquí no se trata de países saqueadores, multinacionales sin escrúpulos o políticos corruptos. Obviamente todo el proceso anteriormente relatado no existiría sino cumpliera su objetivo final: vender bienes de consumo para los que el coltán y otros minerales abundantes en la RDC son necesarios. Y al final de la cadena estamos todos nosotros, consumidores en un mundo sobreinformado donde no vale decir que no se conocía de dónde venía o cómo se ha obtenido lo que acabamos consumiendo.
¿Dispondríamos de tantos dispositivos electrónicos, cambiaríamos con tanta frecuencia de teléfono móvil, se podría permitir casi todo el mundo esos u otros aparatos si los minerales imprescindibles para que funcionen se extrajeran en las mismas condiciones que se practica la minería en nuestro Primer Mundo -medidas medioambientales, derechos laborales, coberturas sociales- y siguiera cadenas de suministro legales con sus correspondientes tasas y aranceles?
Todas las prácticas relatadas, que no pueden dejar impasible, son posibles porque sus productos acaban en sociedades consumistas donde se busca lo más barato, lo más inmediato, sin que importe nada más. Formamos el último eslabón de una cadena que arranca entre crímenes, corrupción y sufrimiento y si no nos preocupamos, con la fuerza que puede tener el consumidor, de exigir compromisos a las marcas y cadenas a las que compramos, ni como ciudadanos y ciudadanas de un Estado democrático, de presionar a nuestros políticos para que actúen a nivel nacional e internacional contra aberraciones como las que hemos visto, no podemos estar al margen de todo ello, aunque no queramos saber ni mirar.
@CongoActual
Para más información puedes consultar los siguientes informes:
-Carta de fecha 5 de junio de 2026 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo
-La muerte estaba por todas partes, HRW
-¿Quién compra el coltán de contrabando de Ruanda? El viaje global del coltán procedente de zonas de conflicto desde la República Democrática del Congo hasta la industria electrónica mundial, Global Witness
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