Un sistema que suele dar resultados en otros conflictos armados es el de promover la desmovilización de los combatientes y su reinserción en la vida civil, los que en el Congo se denomina DDRCS (Programa de Desmovilización, Desarme, Recuperación y Estabilización de la Comunidad) Han sido muchos los milicianos rebeldes que se han acogido a ese programa y periódicamente recibimos noticias de grupos o individuos que abandonan la lucha armada, incluso con armas y bagajes. Pero la particular manera de aplicar esta desmovilización por parte de las autoridades congoleñas sumado a la falta de medios limita drásticamente los resultados.
En primer lugar este programa empieza fallando el día después de la desmovilización: ¿qué pueden hacer los ex rebeldes una vez que sueltan las armas? Poco, ésa es la verdad. Muchas veces pasan a vivir en campamentos desmilitarizados en una difícil situación que les ha llevado en algunos casos a volver masivamente a la selva que conocen para buscarse la vida o, incluso, retornar a las milicias que han abandonado –el pasado mes de abril, unos 2.000 milicianos de los 3.000 que habían abandonado las armas en Kivu Norte se reincorporaron a grupos armados. Otra opción es pasar de milicianos a bandidos, volviendo a atormentar a la población civil.
Pero quizá el hecho más cuestionable en la búsqueda de la paz mediante la desmovilización es el perdón absoluto que lleva a que líderes rebeldes, muchas veces implicados en crímenes, se incorporen al Ejército regular y lleguen a alcanzar importantes puestos dentro de él.
Citaremos cuatro ejemplos significativos.
Dos de las más conflictivas provincias del salvaje Este congoleño, Kivu Norte e Ituri, llevan varios meses sometidas al Estado de sitio, con la autoridad civil suspendida y bajo el mando absoluto de los gobernadores militares nombrados al efecto, los tenientes generales Constant Ndima Kongba, como gobernador de Kivu Norte, y Luboya Nkashama Johnny, como gobernardor de Ituri.
Veamos su curriculum:
Constant Ndima Kongba, gobernador militar de la provincia de Kivu Norte empezó su carrera en la guardia pretoriana del dictador Mobutu, la División Especial Presidencial. Tras la caída del dictador y en plena “Guerra Mundial Africana” se incorporó al Ejército de Liberación del Congo, grupo armado del rebelde MLC de Jean Pierre Bemba. La CPI de La Haya condenó a Bemba en 2016 a 18 años de cárcel por crímenes de guerra de su grupo en la República Centroafricana, hechos en los que Constant Ndima siempre ha negado su participación. Tras el final de la guerra se incorporó al Ejército congoleño y desde entonces no ha parado de ascender.
Luboya Nkashama Johnny, gobernador militar de la provincia de Ituri también comenzó su carrera en el Ejército de Mobutu pero acabó incorporándose a los rebeldes del RCD-Goma, la facción apoyada por Ruanda del Reagrupamiento Congolés por la Democracia en la lucha por derrocar al presidente congoleño Laurent Kabila, donde llegó a ocuparse de la inteligencia militar del grupo.
Pero quizá el colmo de esta situación es poner como responsable del Programa de Desmovilización a un líder rebelde que dejó las armas sin rendir cuentas ante la justicia por sus actos, como se ha propuesto hacer con Tommy Tambwe, que fuera vicepresidente del citado RCD en la provincia de Kivu del Sur y líder de la Alianza para la Liberación del Congo Oriental. Tambwe está acusado por Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras de la detención de periodistas críticos con su organización.
Con todo, el caso más escandaloso es el de Gabriel Amisi Kumba, conocido como Tango Four, por su posición jerárquica en el RCD-Goma al unir gravísimas acusaciones durante su pasado rebelde a una auténtica carrera delictiva mientras ha ido ocupando sucesivos altos puestos en el Ejército congoleño. A Gabriel Amisi, Human Rights Watch lo relaciona con dos masacres de civiles y combatientes desarmados durante su pasado rebelde. Como alto oficial de las Fuerzas Armadas congoleñas suma una larga lista de ilegalidades, como explotar la minería del oro aprovechando su cargo, vender armas a cazadores furtivos y ¡grupos armados! –según la propia ONU- o recibir licencias para talar bosques durante la actual moratoria de tala, además de reprimir de manera violenta manifestaciones políticas. Tras presidir uno de los principales clubes de fútbol de la RDC actualmente es el ¡Inspector General del Ejército! Quien revisa las cuentas de las Fuerzas Armadas.
Todo ello no evita que el perdón y la integración en las Fuerzas Armadas congoleñas siga siendo moneda de cambio para el abandono de las armas, como habría ocurrido con dos grupos aún muy activos, Unión de Patriotas para la Liberación del Congo (UPLC) o el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI), mientras que los rumores señalan que Guidon Shimiray, líder de la milicia Nduma Defensa del Congo-Rénové, con una orden de arresto desde hace más de dos años por múltiples crímenes, ha exigido ese tipo de perdón antes de plantearse cualquier rendición.
Justicia y paz están claramente
reñidos en la RDC, aunque la paz sin justicia no sea más que un parche
condenado al fracaso.
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