PERSONAS DESAPARECIDAS,
FOSAS COMUNES DESCUBIERTAS
¡Expresemos nuestro dolor y exijamos justicia!
El reciente descubrimiento de fosas comunes ha reabierto viejas heridas en muchas comunidades del este de la República Democrática del Congo. Detrás de cada una de estas tumbas yacen vidas truncadas brutalmente, familias sumidas en la angustia e historias jamás contadas. Durante meses, a veces años, las familias vivieron en la incertidumbre tras la desaparición de sus seres queridos. Ahora, algunas descubren con horror que sus seres queridos yacen en tumbas sin identificar.
Según diversas fuentes, entre ellas el medio alemán Deutsche Welle, se han descubierto varias fosas comunes en la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur. Fuentes locales informaron a Deutsche Welle, en un artículo publicado el 25 de febrero de 2026, que se habían identificado al menos cuatro fosas comunes con decenas de cadáveres.
Según los informes, dos de estas fosas comunes fueron descubiertas cerca de una antigua base militar ocupada por los rebeldes AFC/M23 y el ejército ruandés, en el barrio de Kilomoni, en la comuna de Kavimvira. Otra fosa común fue hallada en el barrio de Kilibula, en la comuna de Kalundu, donde se encontraron aproximadamente veinte cuerpos. Una cuarta fosa común fue ubicada en la aldea de Kabimba, a unos ocho kilómetros al sur de Uvira, y contenía cerca de cincuenta cuerpos. Esta información fue confirmada por un comunicado del gobierno provincial, que mencionó 150 cuerpos apilados en estas fosas comunes.
Para las familias, la pérdida de un ser querido es una herida profunda que nunca cicatriza del todo. La falta de información, la espera interminable y la esperanza persistente hacen que el proceso de duelo sea extremadamente difícil. El descubrimiento de estas fosas comunes, si bien es trágico, a veces revela una verdad. Confirma lo que muchos temían: que sus seres queridos probablemente fueron víctimas de una violencia grave e inaceptable.
Detenidos, ejecutados y enterrados: fosas comunes cerca de bases militares y mazmorras rebeldes.
El descubrimiento de fosas comunes cerca de antiguas bases militares o centros de detención clandestinos no es, lamentablemente, un fenómeno nuevo en zonas de guerra donde los perpetradores se encuentran cerca de Ruanda. Durante varios años, numerosos testimonios e informes han documentado prácticas similares atribuidas a diversos grupos armados que operan en la región.
En varias zonas controladas por las AFC/M23 y el Ejército ruandés, su llegada suele ir acompañada de la desaparición de civiles. Algunas personas son arrestadas arbitrariamente bajo la acusación de colaborar con los wazalendos, mientras que otras son secuestradas durante operaciones presentadas como operativos de cerco y búsqueda. Muchas de estas personas nunca vuelven a aparecer.
Según diversos testimonios recabados por CVAR de supervivientes y residentes de las zonas afectadas, algunas víctimas fueron reclutadas a la fuerza en las filas del Movimiento 23 de Marzo (M23), mientras que otras fueron ejecutadas sumariamente, acusadas de colaborar con grupos locales de autodefensa conocidos como "Wazalendo" o con las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). Otras más sucumbieron a las torturas infligidas en centros de detención clandestinos.
Una pregunta fundamental sigue en pie: ¿qué ocurre con los cuerpos de quienes son ejecutados?
Durante una entrevista en mayo de 2025 con un joven notable de Bweremana, en el territorio de Masisi (cuya identidad se mantiene en secreto por motivos de seguridad), describió una situación similar a la observada en Uvira. Según este testimonio, varios jóvenes fueron asesinados y enterrados en una fosa común cerca de un centro de detención establecido por los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo y sus aliados. Se dice que este lugar está cerca de la oficina del jefe de Bahunde, a pocos metros del centro de salud de Bweremana, a orillas del lago.
Otros testimonios publicados el 14 de febrero de 2026, recabados por un periodista de la zona entre algunos miembros del M23, también mencionan prácticas similares en la ciudad de Goma y en el territorio del Nyiragongo. Según estas fuentes, los cuerpos de las víctimas a veces son arrojados a las fisuras del volcán Nyiragongo, situado al norte de la ciudad de Goma.
Un pastor arrestado por rebeldes del Movimiento 23 de Marzo afirmó haber estado detenido en un recinto privado en Mugunga, Goma, donde se utilizaban contenedores de transporte como celdas. Relató haber presenciado la tortura de varios detenidos y haber pasado una noche entera junto a dos cadáveres de personas que habían fallecido a consecuencia de los abusos. Este testimonio fue publicado en un artículo del medio de comunicación Reelactu el 2 de febrero de 2026.
En varias localidades de Kivu del Norte y del Sur, azotadas por guerras recurrentes con rebeliones que se remontan a 1996, los residentes mencionan numerosas fosas comunes. Según varios testimonios locales, algunas personas que fueron citadas o llevadas a campos militares nunca salieron con vida. Incluso quienes acudían con equipo militar o pertenencias de los soldados solían ser ejecutados.
Estas fosas comunes son visibles por todas partes en Kivu del Norte; algunas han sido rodeadas con alambre de púas para señalar su presencia y evitar que caigan en el olvido, ya que se dice que contienen los restos de muchas víctimas. Este es el caso, en particular, del campamento militar del centro de Rutshuru, conocido como PNA, situado a 1 km de la rotonda del centro de Rutshuru.
Mientras el mundo parecía restar importancia a las advertencias emitidas por los actores locales sobre las masacres ocurridas en noviembre de 2022 en la aldea de Kishishe, ubicada en el grupo Bambo, jefatura de Bwito, territorio de Rutshuru, periodistas y varios investigadores de organizaciones independientes acudieron al lugar para verificar los hechos.
Sus investigaciones llevaron al descubrimiento de cuerpos de víctimas apilados en fosas comunes excavadas en los campos de los residentes locales, con un número de muertos que ascendía a 200. Estos hallazgos se produjeron pocos días después de la partida de los rebeldes del M23, quienes habían abandonado la zona tras enfrentarse a grupos locales de autodefensa conocidos como Wazalendo. Estos macabros descubrimientos confirmaron, al menos en parte, los testimonios de los residentes que llevaban varios días denunciando ejecuciones masivas de civiles durante la ocupación del pueblo.
De manera similar, cuando el ejército ruandés y las AFC/M23 asesinaron a agricultores hutus en los alrededores del Parque Nacional Virunga, en el grupo Binza, en territorio Rutshuru, en junio de 2025, varios testimonios indicaron que los cuerpos habían sido quemados, arrojados al río Rutshuru o enterrados en fosas comunes para borrar las huellas de los crímenes.
Este fenómeno no es exclusivo del resurgimiento del M23 en 2021. Ya en 2013, tras la retirada de los rebeldes del M23, se reportaron varias fosas comunes en la zona de Busanza, en el cacicazgo de Bwisha, territorio de Rutshuru. Una delegación del gobierno provincial, acompañada por autoridades locales, visitó la zona de Rugarama para confirmar la existencia de estas fosas y recabar testimonios de los residentes.
Estas revelaciones se suman a muchos otros casos documentados en el Informe de Mapping de las Naciones Unidas, que enumera múltiples episodios de masacres, ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003. Este informe pone de relieve la magnitud de la violencia que costó la vida a miles de civiles, a menudo en un clima de impunidad.
Para muchas víctimas y sus familias, el reconocimiento de estos crímenes y la identificación de sus autores siguen siendo un requisito fundamental para que se haga justicia y estas tragedias no queden impunes.
El derecho a la verdad y a la justicia.
El descubrimiento de fosas comunes plantea muchas preguntas fundamentales:
-¿Quiénes son los responsables de estos crímenes?
- ¿Por qué fueron enterrados?
-¿Cómo es posible que se hayan producido tales atrocidades sin que se haya hecho justicia hasta ahora?
Todas estas preguntas solo pueden responderse mediante investigaciones y un poder judicial independiente. Es imperativo que las autoridades nacionales y los organismos internacionales competentes lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad. También tienen derecho a que los responsables sean identificados y castigados.
Más allá de la justicia penal, también existe el deber de recordar. Las personas desaparecidas no deben ser reducidas a meras cifras en los informes. Eran padres, hijos, amigos, miembros activos de sus comunidades. Su dignidad debe preservarse y su memoria honrarse.
El duelo no debe ser un signo de olvido. Al contrario, significa reconocer el dolor, honrar la memoria de las víctimas y negarse a que su pérdida sea borrada por el silencio o la indiferencia.
Exigir justicia significa afirmar que ninguna vida humana puede ser tratada como insignificante. Significa recordar que cada víctima importa y que nadie debe desaparecer sin que se establezca la verdad.
Interpretación jurídica y llamamiento a la acción.
Desde la perspectiva del derecho internacional, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, el entierro clandestino de víctimas en fosas comunes y la ocultación o destrucción de pruebas constituyen violaciones particularmente graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Estos actos socavan los principios fundamentales consagrados en los Convenios de Ginebra y en diversos instrumentos internacionales relativos a la protección de la población civil en conflictos armados.
Las ejecuciones sumarias violan directamente el derecho a la vida, un principio fundamental reconocido por el derecho internacional. Las desapariciones forzadas privan a las víctimas de toda protección jurídica y sumen a sus familias en un sufrimiento prolongado, marcado por la incertidumbre y la imposibilidad de elaborar el duelo. El entierro clandestino en fosas comunes y la ocultación de cadáveres constituyen no solo una afrenta a la dignidad humana, sino también un intento de borrar las huellas de los crímenes y obstaculizar cualquier proceso judicial futuro.
Cuando estos actos se cometen de forma sistemática o generalizada contra poblaciones civiles, pueden clasificarse como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad según el derecho penal internacional. En tales casos, los responsables —ya sean autores directos, instigadores o superiores— pueden ser procesados ante tribunales nacionales o internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI).
En este contexto, la documentación rigurosa de estos crímenes, la recolección y preservación de pruebas y la identificación de las víctimas son pasos esenciales en la lucha contra la impunidad. El trabajo de investigación, en particular mediante exhumaciones, análisis forenses y testimonios de sobrevivientes , no solo establece la verdad, sino que también hace justicia a las víctimas y sus familias .
Dada la gravedad de estos sucesos, es necesario adoptar varias medidas:
1. El gobierno congoleño debe intensificar sus esfuerzos para liberar las zonas ocupadas por el ejército ruandés y los grupos armados aliados, y movilizar todos los medios necesarios para prevenir nuevas atrocidades y garantizar la seguridad de las comunidades amenazadas.
2. Establecimiento de un sistema de justicia independiente y eficaz, dotado de recursos técnicos, jurídicos y científicos adecuados, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todas las violaciones graves de los derechos humanos, identificar a los responsables e iniciar procesos judiciales de conformidad con el derecho nacional e internacional.
3. Apoyar a las organizaciones de derechos humanos y a los mecanismos internacionales para que continúen su labor de documentación, alerta y promoción, un papel crucial para garantizar que estos crímenes no se olviden, que se reconozca a cada víctima y para alentar a la comunidad internacional a actuar.
Reconocer estos crímenes y buscar la verdad son esenciales para la reconstrucción social, la reconciliación y la prevención de la violencia futura. No se puede construir una paz duradera sobre el olvido o la impunidad.
7 de marzo de 2026
Patient KOMAYOMBI
Collectif des Victimes de l'Agression Rwandaise
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