En definitiva, se conseguía así que los países desarrollados pudieran mantener una economía expansiva sobre el consumo de combustibles fósiles sin merma en su crecimiento y se dotaba a los países en desarrollo -o subdesarrollados- de financiación o medios para combatir el cambio climático. O al menos ésta era la teoría porque el mecanismo de créditos de carbono permite a unos seguir contaminando y exponiendo a otros a seguir sufriendo los efectos catastróficos del calentamiento global.
Sin entrar en profundidad en el sistema en sí, vamos a ver cómo, una vez más, la República Democrática del Congo (RDC) y otros países africanos -siendo ínfima la contribución de África al cambio climático- son campo para el fraude y el abuso de este sistema.
RDC: PAÍS SOLUCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO... BOSQUES Y TRAMPAS
La República Democrática del Congo tiene la mitad de los bosques africanos y se presenta y se ve como un "país solución" frente al cambio climático, en cuanto a sus bosques más por pasiva que por activa, porque las selvas de la cuenca del río Congo atesoran el 8% del CO2 que guardan los bosques de nuestro planeta y su liberación supondría, sencillamente, una catástrofe para todo él... y quienes lo habitamos. Pero entre tanto, la RDC se presenta como un paraíso para desarrollar el sistema de créditos de carbono con sus luces y sombras: un 62% de su territorio cubierto de bosques, una población sumida en la miseria, inmensas necesidades financieras y una corrupción enquistada en su estructura política.
Un paraíso también, como vamos a ver, para la norteamericana Wildlife Works Carbon (WWC) que se define como una empresa que "desarrolla proyectos de conservación forestal en asociación con comunidades que salvaguardan los ecosistemas" y que presenta como "socios comunitarios" a jefes de aldeas y poblaciones donde está presente aunque varios de sus empleados -algunos de alto nivel- se han visto envueltos en casos de explotación sexual de mujeres en uno de sus proyectos en Kenia y la organización HRW los acusó de haber contribuido con su apoyo técnico y financiero a abusos contra los derechos humanos en un proyecto en Camboya.
El sistema de créditos de carbono es en sí mismo, a poco se mira fríamente, una manera en la que nuestras sociedades, organismos y grandes empresas se hacen trampas al solitario y su desarrollo en la RDC ha sido su mayor expresión. Como en el Congo todo es grande y se hace a lo grande, más de un millón de hectáreas fueron concedidas para seguir desarrollando este sistema. El problema es que la legislación congoleña no permite concesiones superiores a 500.000 hectáreas -en una o más partes- a la misma persona física o jurídica. (artículo 92 del Código Forestal congoleño)
Primera trampa Se realizaron cuatro concesiones, tres de ellas sumaban 771.125 hectáreas que acabaron en las manos de WWC... pero no directamente, sino en filiales o empresas participadas de la norteamericana. La primera de ellas se adjudicó a SORFA (Compañía de Restauración y Desarrollo Forestal) participada en ¡un 70%! por WWC, repartiéndose el resto entre Jean-Robert Bwangoy, director de operaciones de WWC en la RDC, (10%) y una prima suya (20%).
188.835 hectáreas fueron a parar a Ecosystem Restoration Associates Congo (ERA Congo) y 299.995 hectáreas a WWC Congo. Ninguna superaba, aunque fuera por poco, las 300.000 hectáreas, que hubieran obligado a una autorización de la Asamblea Nacional o del presidente. Con ese singular reparto en tres concesiones, tanto WWC y el Ministerio congoleño de Medio ambiente, consideraban que no se superaba el límite de 500.000 hectáreas con lo que, en ambos casos, se cumplía con el Código Forestal congoleño. Por cierto, de la cuarta concesión, la n° 003/23, nada se sabe pues la información sobre ella ni siquiera está publicada.
Y más irregularidades. Greenpeace África, autora de la investigación que ha desvelado estas trampas y abusos, registra más situaciones en las que las autoridades congoleñas -con la ministra de Medio ambiente, Eve Bazaiba, al frente- ha incumplido sus propias reglas.
El artículo 82 del Código Forestal exige a las empresas concesionarias un aval bancario para afrontar sus posibles responsabilidades durante la concesión, algo que no cumplieron ninguna de las tres empresas citadas, a las que les bastó con presentar un estado de cuentas con saldos suficientes para cubrir esas posibles responsabilidades... al menos el día de la concesión. SORFA ni siquiera necesitó estar inscrita en el Registro Mercantil el 4 de marzo de 2023, fecha de la concesión, algo que solicitó catorce días más tarde.
La clásica falta de transparencia en este tipo de operaciones no falta tampoco aquí puesto que, según la denuncia de Greenpeace África, no había evidencias de que el Instituto Congoleño de Conservación de la Naturaleza hubiera dado su visto bueno a las concesiones ni de que las comunidades locales y los representantes indígenas estuvieran presentes en las evaluaciones que el Ministerio realizó sobre las propuestas presentadas. De la misma manera, tampoco se hicieron públicos los importes y las fechas de los pagos correspondientes a las concesiones.
Un año después de estas concesiones, la prensa congoleña publicaba que WWC cofinanciaría la construcción de un edificio de cuatro plantas para el Ministerio de Medio ambiente. No es extraño pues que muchas otras concesiones se estén negociando, como nos confirmaba Greenpeace África en respuesta a nuestras preguntas.
Si bien estos proyectos se han hecho bajo la supervisión de la controvertida Viceprimera ministra de Medio ambiente, Eve Bazaiba, su antecesor en la cartera de Medio ambiente, Claude Nyamugabo, fue acusado de asignar en 2020 con todas las irregularidades posibles 4,4 millones de hectáreas, muchas de ellas pasando de empresas madereras a otras de conservación -todas ellas del mismo grupo-.
Si retrocedemos más aún encontramos a la canadiense Ecosystem Restoration Associates (ERA) que en 2011 se hizo cargo de un antigua explotación maderera de 300.000 hectáreas junto al lago Mai-Ndombe para la producción de créditos de carbono y que hoy se vanagloria de haber vendido 22 millones de créditos, recibiendo las comunidades de la zona el 25% de los ingresos brutos. Forest Peoples Programme (FPP) trabaja con pueblos que viven en bosques y visitaron la zona, reuniéndose con miembros de las comunidades que la habitan. El resultado fue que estas comunidades vivían en un mayoritario desconocimiento de lo que estaba realizando ERA en sus tierras, sobre los derechos que ERA tenía sobre éstas, qué era el mercado de carbono ni el reparto de ganancias. Por supuesto, nadie les invitó a participar.
La norteamericana Jadora fue una de las primeras en comenzar a explotar el mercado del carbono en RDC a principios del siglo XXI y se ocupaba de 187.000 hectáreas donde debía evitar las emisiones de CO2 a base de prácticas agrícolas y forestales sostenibles en una extensión concedida por el gobierno congoleño a pesar de la moratoria que existía en cuanto a la tala de árboles. De 2015 a 2020 vendió 780.000 créditos de carbono y después cesó su actividad, que tenía vencimiento en 2039, dejando a las comunidades de la zona sin los grandes beneficios prometidos.
EL OTRO CONGO: LA REPÚBLICA DEL CONGO, PLANTACIONES INDUSTRIALES DE ÁRBOLES PARA COMPENSAR CO2
Al lado de la gigantesca República Democrática del Congo existe otro país de nombre muy parecido, sito también en la Cuenca del río Congo, mucho más pequeño pero que absorbe el 1,5% de las emisiones mundiales de CO2: la República del Congo. En su caso son empresas contaminantes, como la petrolera experta en greenwashing Total Energies, quienes quieren compensar su daño al planeta pero de otra forma: creando plantaciones industriales de árboles tan peligrosos como el eucalipto o la australiana Acacia mangium en sabanas habitadas por personas que, lógicamente, estorban.
En el caso de la República del Congo, el artífice de esta revolución es la francesa Forêt Ressources Management (FRM) que, según sus propias palabras, "trabaja por la gestión forestal sostenible en las selvas tropicales, la mejora de las prácticas en las industrias transformadoras de la madera y el desarrollo de fuentes de energía renovables y sostenibles a largo plazo" y gestiona casi 27 millones de hectáreas de bosques naturales. Todas las operaciones de este tipo tienen el firme apoyo del gobierno congoleño que obtiene financiación añadida del Banco Mundial -"Aunque la tasa de deforestación nacional ha sido históricamente baja, la selva tropical corre el riesgo de convertirse en un futuro foco de deforestación", según el propio organismo- y una nueva fuente de ingresos para el país que incluye la explotación de madera y leña. En diciembre de 2022 el gobierno de la República del Congo firmó un acuerdo con la italiana Renco -dedicada, entre otras cosas, a la ingeniera civil de industrias de energía y gas- por una duración de 30 años y con el objetivo de plantar 42.000 hectáreas de acacias mientras que en noviembre de 2023 concedió 21.268 hectáreas a la empresa china Xian He para la plantación de eucaliptos y pinos, que incluiría la producción de chapados y carpintería moderna.
Obviamente la repercusión de estos proyectos es enorme en las comunidades afectadas y deberían beneficiarse proporcionalmente de los ingresos que ellos producen. El Banco Mundial, al liberar a favor de la República del Congo cerca de 42 millones de dólares para un programa de reforestación lo resaltaba:
El programa incluye un plan inclusivo de distribución de beneficios, desarrollado a través de amplias consultas con las partes interesadas a nivel nacional y local, para garantizar que los miembros de la comunidad y los socios locales sean reconocidos y recompensados por su papel en la reducción de espectáculos.
De la misma manera, es obligatorio que esas comunidades sean informadas y consultadas sobre los proyectos a realizar. Pero la realidad en las concesiones suele ser muy distinta y lo que reflejan organizaciones activas en el terreno son estudios de impacto ambiental que no se hacen o se hacen después de iniciado el proyecto o personas que conocen que ya no pueden cultivar sus tierras en el mismo momento en que acuden a trabajarlas.
La reforestación implica el desplazamiento de personas que viven en y de la tierra que se va a reforestar y deben ser compensadas también de manera proporcional. Pero esto no parece estar ocurriendo en proyectos como el de Total Energies, dándose el caso de agricultores que poseen varias hectáreas y reciben solo una en otro lugar, de promesas laborales que no cumplen unas explotaciones que necesitan poca mano de obra...
Y por último está la repercusión que estas plantaciones industriales pueden tener para los suelos y su riqueza posterior ya que se están utilizando suelos fértiles y ricos en biodiversidad para plantaciones que consumirán agua, pesticidas y fertilizantes químicos para plantar especies alelopáticas, como el eucalipto y la acacia mangium, que liberan sustancias químicas que impiden el crecimiento de otras especies y que pueden dejar improductivas las tierras que ocupen para cultivos posteriores.
Antes de continuar sería bueno recordar que los pueblos indígenas, pese a representar un pequeño porcentaje dentro de la población mundial, ocupan y cuidan gran parte del patrimonio natural que queda en este planeta y que ese patrimonio se mantiene con su presencia y sus métodos tradicionales de producción que lo respetan y de los que viven.
En el norte de Kenia se está desarrollando el Proyecto de Carbono de Pastizales del Norte de Kenia (NKCP) que desarrolla The Northern Rangelands Trust (NRT). Conviene detenerse un momento en saber qué es NRT, una organización conservacionista que agrupa zonas de conservación y que tiene por lema Transformando vidas, conservando la naturaleza. Para complicar más el conocer qué es exactamente, se define como "un recurso compartido para ayudar a construir y desarrollar áreas de conservación comunitarias, que están mejor posicionadas para mejorar la vida de las personas, construir la paz y conservar el medio ambiente natural". Proyecta así una imagen de trabajo para los demás, dentro de una cooperación con las comunidades y participación de éstas en las decisiones, que atrae financiación de importantes donantes como USAID, The Nature Conservancy o la Unión Europea, entre muchos otros. Pero, una vez más, hay demasiadas evidencias de que la imagen real dista mucho de la que se está "vendiendo" e investigaciones que, por boca de las propias comunidades, cuentan de desposesión de tierras e intimidación, e incluso violencia, para forzar decisiones.
El Proyecto de Carbono de Pastizales del Norte de Kenia, según sus promotores, es "el proyecto de eliminación de carbono del suelo más grande del mundo" y pretende eliminar 50 millones de toneladas de CO2 en 30 años, ocupando casi dos millones de hectáreas. NRT afirma que la venta de los derechos del carbono secuestrado generará "ingresos adicionales muy necesarios para las comunidades y mejorará los esfuerzos de conservación, incluida la mejora del hábitat de cuatro especies endémicas en peligro de extinción".
Según la organización de defensa de los derechos indígenas Survival International:
la premisa básica del proyecto, que impondría el “pasto rotativo planificado” dentro de áreas geográficas específicas, va fundamentalmente en contra del pastoreo indígena tradicional del área (...). Se basa en un antiguo prejuicio colonial que ve falsa y constantemente a los pastores como incapaces de manejar su propio medio ambiente o entorno y como culpables de su destrucción con el pastoreo excesivo. (...) El proyecto no ha demostrado empíricamente que realmente esté logrando un almacenamiento real adicional de carbono en el suelo.
Más de cien mil personas habitan el área objeto de proyecto, incluyendo pueblos indígenas como los Samburu, Masai, Borana y Rendille, todos pueblos pastores que viven del ganado y practican un pastoreo relacionado con las condiciones del terreno. Los objetivos que maneja el proyecto supondrían una cantidad de créditos de carbono que podrían suponer, al menos, entre 300 y 500 millones de dólares, y que compensarían las emisiones de empresas tan conocidas como Netflix y la antigua Facebook. Para la Comisión Europea es el modelo a seguir para sus próximos proyectos de conservación en África.
Como indica Survival International, este nuevo sistema de pastoreo destruiría las prácticas culturales de estos pueblos pero también puede poner en riesgo su seguridad alimentaria limitando los movimientos del ganado en épocas de sequía. Cuestionan también, remitiéndose a los hechos, que las comunidades hayan sido convenientemente informadas en tiempo y forma -antes de comenzar el proyecto, en los idiomas que conocen, etc.- y la propia base legal que concede a NRT la posibilidad de poseer y comercializar los derechos de emisión de carbono cuyos beneficios, en un 60%, se pueden distribuir a discreción de NRT, otorgándole un claro poder sobre las comunidades. Por último, la propia base del proyecto no estaría demostrada en cuanto a la cantidad de CO2 secuestrado y el tiempo que vaya a permanecer en el suelo.
ZIMBABWE: PROYECTO KARIBA, CORRUPCIÓN DE PRINCIPIO A FIN
South Pole es una multinacional norteamericana, con oficina también en España, que "desarrolla e implementa proyectos y estrategias integrales de reducción de emisiones que convierten la acción climática en oportunidades de negocio a largo plazo para empresas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo". Y esto, que hablemos en presente, sorprenderá tras leer los siguientes párrafos además de dar una idea de lo que, finalmente, es el sistema de compensación de emisiones de carbono y los créditos de carbono.
Está relacionada desde 2010 con el Proyecto Kariba de compensación de emisiones de carbono desarrollado en Zimbabwe, como promotora, principal beneficiaria y con el que golpeó la credibilidad de todo el sistema, además de, como vamos a ver, contribuir muy poco a la reducción de CO2 en la atmósfera de ese país y de nuestro planeta.
South Pole, sencillamente, hizo todas las trampas posibles en este proyecto. El proyecto Kariba era lo que se denomina REDD+, esto es: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y aumento de las reservas de carbono y el manejo forestal sostenible, lo que quiere decir que se evita la deforestación y degradación de un bosque por lo que éste conserva el carbono acumulado -y sigue acumulando- y, en consecuencia, sirve para compensar emisiones de CO2. South Pole sobredimensionó la capacidad del proyecto Kariba de acumular carbono sobre unos riesgos falsos de que sus bosques acabaran deforestados o degradados para poder vender muchos más créditos de los que correspondían a esos bosques.
En su defensa, South Pole adujo que su proyecto estaba verificado por Verra. En el mercado voluntario de compensación de emisiones de carbono no existen "controles oficiales" sino que son operadores privados los que certifican el correcto cumplimiento. Verra es el más importante a nivel mundial pero, también, otro tramposo en este sistema lleno de trampas: una investigación de The Guardian y otros medios demostró que en los proyectos que analizaron y que había supervisado Verra, el 90% de los créditos de carbono no suponían un descenso real de emisiones de CO2. El experto en ecología forestal Elias Ayrey calculó con imágenes de la NASA que el proyecto Kariba había recibido 30 veces más créditos de carbono de los que le correspondían.
No son esas las únicas trampas de South Pole: presentaba el proyecto como un refugio para la vida silvestre y animales amenazados como el hipopótamo, el león y el elefante aunque en su zona se seguía practicando la caza mayor, legal en Zimbabwe. El negocio de engañar a marcas y multinacionales del mayor prestigio mundial generó unos cien millones de dólares de los que a South Pole correspondía un 35% -yendo el resto a comunidades, pago de gastos, fondo de emergencia- pero lo cierto es que la mayor parte de lo producido acabó en sus manos y en las del administrador de proyecto.
¿Qué le pasó a South Pole? Nada. La empresa sigue plenamente activa por todo el mundo tras romper relaciones con Carbon Green Investments, sociedad domiciliada en la isla de Guernsey, y administradora del Proyecto Kariba.
¿ES POSIBLE CONFIAR EN EL SISTEMA DE CRÉDITOS DE CARBONO Y EL RESTO DE PROYECTOS EXISTENTES?
Hay muchos otros proyectos de compensación de emisiones y muchos otros países que los albergan, ¿tenemos que desconfiar de todos? ¿Los rodean siempre mentiras, abusos, corrupción...? Ciertamente hay noticias positivas de otros proyectos, de beneficios para las comunidades que los habitan y el medio ambiente, para la reducción de emisiones de CO2, pero visto todo lo anterior y lo que ahora veremos, es legítimo desconfiar de todo lo relacionado con un sistema que, además de ser una trampa en sí mismo, está montado de manera que las facilita.
Hemos visto cómo a priori y por la publicidad que venden sus desarrolladores todos los proyectos que hemos explicado eran perfectos e idílicos. También hemos visto, y veremos, cómo las irregularidades de estos proyectos sólo se ha conocido gracias a investigaciones de organizaciones y medios independientes. El "sistema" parece sobrevivir felizmente sin plantearse críticas o dudas siempre que nadie diga nada. Pero falla, y mucho, y no en casos aislados -casos, por otra parte, de enorme importancia, como los vistos anteriormente-, sino en situaciones generales.
Como decíamos, el mercado voluntario de créditos de carbono, pese a que podría alcanzar en 2030 un valor de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares, está poco regulado, sin controles oficiales y con gran opacidad en su funcionamiento:
El mercado, conocido como mercado voluntario de carbono (MVC), está en gran medida desregulado. No existe un sistema centralizado para la evaluación de compensaciones. Sin embargo, existen los llamados organismos de validación y verificación (OVV), que son entidades de terceros contratadas por los promotores para examinar sus compensaciones declaradas.
se puede leer en la Guía del periodista para investigar las compensaciones de carbono
Son los propios interesados quienes contratan -y pagan- a su supervisor, un mercado también muy reducido a unos pocos organismos, destacando entre ellos Verra. Ya hemos visto cómo una investigación de medios independientes, entre ellos The Guardian, ponía en evidencia los controles de Verra, el mayor verificador del mundo. En cuanto a los mercados de cumplimiento obligatorio, los acuerdos bilaterales entre países -en el que un mayor contaminador adquiere derechos para contaminar del menos contaminador- estaban supervisados hasta 2020 por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU. Que este mecanismo expirara sin ninguna alternativa posterior de control no ha evitado que se sigan firmando acuerdos bilaterales.
Otra cuestión es la de la adicionalidad. Según este concepto un bosque, una selva, etc. sólo podrá generar créditos de carbono cuando sin la ayuda necesaria, fuera a desaparecer -tala, deforestación, degradación-... pero, como nos comentaba Simon Conseull, asesor de Survival International, durante una entrevista por correo electrónico, existen proyectos de este tipo en Áreas protegidas -él conoce al menos 30 en diez países diferentes-. Suena a perogrullada, pero si un Área está protegida no corre riesgo de tala, deforestación, degradación...
Si, digamos, un área de bosque estaba bien protegida y probablemente habría permanecido en pie en el futuro, entonces un proyecto de compensación que pretende "salvar" esos bosques y prevenir las emisiones de carbono no debe considerarse como 'adicional'; no representaría ningún ahorro real de carbono además del que tendrían de todos modos y, por lo tanto, no se puede decir que esté compensando emisiones que definitivamente están teniendo lugar en otros lugares,
nos explica, en respuesta a nuestra pregunta, Lola Rama, experta de Survival International en este tema
Uno de los grandes argumentos sobre los que se asienta la idoneidad del sistema de créditos de carbono es el beneficio que supone para las comunidades locales y para el medio ambiente que gestionan pero, escarbando un poco, una vez mas tantas bonitas palabras que convierten... en humo. Para empezar, el mercado de créditos resulta poco transparente: estos créditos, que pueden pasar de una empresa a otra sin utilizarse, convirtiéndose en un valor negociable, se retiran del mercado cuando finalmente se utilizan, aunque no es obligatorio saber quién lo ha acabado utilizando. Los contratos de compra-venta suelen tener cláusulas de confidencialidad que impiden conocer su precio.
Tampoco existe una regulación por parte de los países que albergan estos proyectos que obligue a entregar un porcentaje determinado de los beneficios a las comunidades afectadas.
El único país que conozco en el que ya se han adoptado normativas es Tanzania, donde el 61% del valor bruto de venta de los créditos de los proyectos REDD+ debe ir a parar a las autoridades y comunidades locales
nos dice Simon Counsell, en la citada entrevista, y también que en Kenia, Zambia y Zimbabwe existen iniciativas legislativas para regularlo.
Como hemos visto, las relaciones entre comunidades locales y quienes manejan y explotan los créditos de carbono se parece poco a lo que los segundos venden. En unas situaciones en las que no se informa ni consulta y hay una posición de fuerza de las empresas sobre las comunidades, poco bueno se puede esperar hacia los pueblos indígenas. La investigación antes citada de Carbon Brief señala que pueblos de la República Democrática del Congo, la República del Congo y Kenia, por citar sólo países africanos, habían sido expulsados de sus territorios ancestrales y en la revisión de 61 informes sobre este tipo de proyectos, en 44 encontraron que los pueblos indígenas y comunidades locales habían sufrido daños.
A finales de abril de este año, el Relator de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, declaraba:
Creo que una moratoria permanente, o al menos una moratoria, puede ser una solución para detener los abusos contra los derechos de los pueblos indígenas en estos mercados de carbono.
CONCLUSIONES
Como decíamos al principio, no se trataba aquí de analizar en profundidad el sistema de créditos de carbono sino más bien su repercusión en la RDC y otros países africanos, sin duda extrapolable a países semejantes del resto del mundo, pero ello implicaba mostrar las vergüenzas del sistema de compensación de emisiones, algo que no ha resultado nada agradable.
Encontramos una vez más que los recursos, tangibles o no, de países como la RDC son explotados de espaldas a sus legítimos dueños y lo que se presenta como un bien tanto para el planeta como para las personas, acaba siendo una manera de enriquecerse unos cuantos, tras montar una creíble imagen de altruismo que se desmorona fácilmente con una simple brisa de investigación y evidencias.
Una vez más, con el objetivo de aprovechar la ocasión y beneficiarse de una auténtica lluvia de miles de millones de dólares, empresas extranjeras y políticos nacionales están dispuestos a hacer de la corrupción, el engaño y el abuso norma, pervirtiendo los objetivos iniciales del sistema y dejando, en muchos casos, un medio ambiente y unas comunidades empeoradas tras un paso que, seguramente, será efímero para ellos pero que condiciona el futuro de millones de personas en un sentido completamente contrario al de los grandes acuerdos como el de Kyoto o París, en parte porque sus promotores crearon las trampas y se olvidaron o retrasaron de los controles.
@CongoActual
Publicado en kaosenlared.net el 19 de junio de 2024
Nuestro agradecimiento a:
-Laura de Luis, Simon Counsell, Lola Rama y Survival International
-Emmanuel N. Murhonyi y DEC Organisation
-Raphael Mavambu y Greenpeace África
-Sonia Rubio Hernando
-Organisation Jeunes Activistes pour le Clima
Enlaces a algunas de las principales fuentes consultadas:
www.survival.es/articulos/carbono-de-sangre-resumen-informe
www.greenpeace.org/africa/fr/communique-de-presse/55324/mise-au-point-de-greenpeace-afrique-sur-la-reaction-du-groupe-de-travail-climat-redd-renove-gtcrr-au-communique-de-greenpeace-du-8-avril-2024/
pulitzercenter.org/fr/stories/le-congo-au-coeur-de-lentourloupe-au-credit-carbone
interactive.carbonbrief.org/carbon-offsets-2023/mapped.html
gijn.org/es/recurso/guia-para-investigar-compensaciones-de-carbono/
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