Los créditos o bonos de carbono surgieron en el Protocolo de Kyoto en 1997 con la pretendida finalidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y fueron posteriormente desarrollados más ampliamente tras el Acuerdo de París de 2015. Mediante este mecanismo los países que se comprometían a reducir sus emisiones -desarrollados e industrializados en la mayoría de los casos- podían cumplir sus compromisos sin reducirlas total o parcialmente al comprar derechos de emisión (un crédito=una tonelada de CO2) a países de bajas emisiones, dentro de lo que hoy se denomina mercado obligatorio. También, a través del mercado voluntario, países y empresas pueden compensar sus emisiones de CO2 de nuevos proyectos invirtiendo contra la deforestación, captura de CO2, etc. en países en desarrollo.
En definitiva, se conseguía así que los países desarrollados pudieran mantener una economía expansiva sobre el consumo de combustibles fósiles sin merma en su crecimiento y se dotaba a los países en desarrollo -o subdesarrollados- de financiación o medios para combatir el cambio climático. O al menos ésta era la teoría porque el mecanismo de créditos de carbono permite a unos seguir contaminando y exponiendo a otros a seguir sufriendo los efectos catastróficos del calentamiento global.
Sin entrar en profundidad en el sistema en sí, vamos a ver cómo, una vez más, la República Democrática del Congo (RDC) y otros países africanos -siendo ínfima la contribución de África al cambio climático- son campo para el fraude y el abuso de este sistema.
